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21/01/2018
“Es difícil encontrar en una ordenanza tal cúmulo de infracciones legales, y cualquiera de ellas serviría para anular total o parcialmente la Ordenanza”, según Dvuelta.
Dvuelta, organización dedicada a la defensa de los conductores, presentó el pasado jueves 17 de enero Demanda en la que solicita al Tribunal Superior de Justicia de Madrid la anulación de la Ordenanza de Movilidad del Ayuntamiento.
El escrito presentado ante el Tribunal pide, en primer lugar, la anulación total de la norma, ya que en el proceso de elaboración no se he recabado ninguna memoria económica, pese a ser un trámite fundamental, puesto que la aplicación de la Ordenanza producirá un impacto evidente en los Presupuestos del consistorio, tanto por los gastos en que se va incurrirá para implementar todas las medidas aprobadas, como por los ingresos que se producirán como consecuencia de las nuevas tasas y de las sanciones por las nuevas infracciones.
Además, no se han evaluado por el Ayuntamiento las consecuencias para el comercio local que se encuentra dentro del perímetro de Madrid Central.
La Ley es clara al respecto, y el Tribunal Supremo ya se ha pronunciado en casos como este, acordando la nulidad de la norma reglamentaria por no haberse elaborado una memoria económica que evalúe debidamente las consecuencias presupuestarias de la aprobación.
Por otro lado, el escrito firmado por el letrado Miguel Javaloyes, solicita que, en todo caso, se anulen varios preceptos de la Ordenanza por vulneración del principio de legalidad sancionadora, y de jerarquía normativa. En total, son ocho las irregularidades legales detectadas.
En cuanto a las medidas de restricción del tráfico y circulación, Dvuelta solicita que se anule el precepto que permite al Consistorio activar tales medidas sin necesidad de que se publiquen en el Boletín Oficial correspondiente. La demanda sostiene que no se puede informar a los conductores “a golpe de tuit”, y que la seguridad jurídica exige un medio fehaciente de comunicación de hechos que afectan de una forma tan grave a la movilidad de las personas, y que además, pueden dar lugar a importantes sanciones administrativas en caso de que no se cumplan las medidas.
Desde el punto de vista de DVUELTA , tampoco es legal que la grúa municipal pueda retirar los vehículos de aquellos conductores que no atiendan las medidas de restricción al estacionamiento y circulación, ya que ello ni es proporcional, ni se justifica con la ley que supuestamente habilita tal medida.
Por último, el recurso postula la nulidad de determinados artículos que tipifican nuevas infracciones y sanciones, ya que, según el principio de legalidad sancionadora, una ordenanza municipal no puede establecer infracciones y sanciones.
“Es difícil encontrar en una ordenanza tal cúmulo de infracciones legales, y cualquiera de ellas serviría para anular total o parcialmente la Ordenanza”, según Dvuelta.
Dvuelta, organización dedicada a la defensa de los conductores, presentó el pasado jueves 17 de enero Demanda en la que solicita al Tribunal Superior de Justicia de Madrid la anulación de la Ordenanza de Movilidad del Ayuntamiento.
El escrito presentado ante el Tribunal pide, en primer lugar, la anulación total de la norma, ya que en el proceso de elaboración no se he recabado ninguna memoria económica, pese a ser un trámite fundamental, puesto que la aplicación de la Ordenanza producirá un impacto evidente en los Presupuestos del consistorio, tanto por los gastos en que se va incurrirá para implementar todas las medidas aprobadas, como por los ingresos que se producirán como consecuencia de las nuevas tasas y de las sanciones por las nuevas infracciones.
Además, no se han evaluado por el Ayuntamiento las consecuencias para el comercio local que se encuentra dentro del perímetro de Madrid Central.
La Ley es clara al respecto, y el Tribunal Supremo ya se ha pronunciado en casos como este, acordando la nulidad de la norma reglamentaria por no haberse elaborado una memoria económica que evalúe debidamente las consecuencias presupuestarias de la aprobación.
Por otro lado, el escrito firmado por el letrado Miguel Javaloyes, solicita que, en todo caso, se anulen varios preceptos de la Ordenanza por vulneración del principio de legalidad sancionadora, y de jerarquía normativa. En total, son ocho las irregularidades legales detectadas.
En cuanto a las medidas de restricción del tráfico y circulación, Dvuelta solicita que se anule el precepto que permite al Consistorio activar tales medidas sin necesidad de que se publiquen en el Boletín Oficial correspondiente. La demanda sostiene que no se puede informar a los conductores “a golpe de tuit”, y que la seguridad jurídica exige un medio fehaciente de comunicación de hechos que afectan de una forma tan grave a la movilidad de las personas, y que además, pueden dar lugar a importantes sanciones administrativas en caso de que no se cumplan las medidas.
Desde el punto de vista de DVUELTA , tampoco es legal que la grúa municipal pueda retirar los vehículos de aquellos conductores que no atiendan las medidas de restricción al estacionamiento y circulación, ya que ello ni es proporcional, ni se justifica con la ley que supuestamente habilita tal medida.
Por último, el recurso postula la nulidad de determinados artículos que tipifican nuevas infracciones y sanciones, ya que, según el principio de legalidad sancionadora, una ordenanza municipal no puede establecer infracciones y sanciones.
